Ocho funcionarios de Ejército son formalizados por simulacro de fusilamiento registrado en Temuco durante la crisis social

Los hechos ocurrieron en octubre de 2019, bajo el estado de excepción. Las dos víctimas fueron además golpeadas y obligadas a disculparse por estar en una manifestación. La sede de La Araucanía del INDH actúa como querellante en esta causa.

Ante el Juzgado de Garantía de Temuco el Ministerio Público formalizó por el delito de vejaciones injustas a los funcionarios del Ejército J.C.C.O., P.F.F.G., I.O.I.A., C.M.M.C., W.B.C., E.Q.B., D.G.P. y M.M.O., quienes simularon un fusilamiento de dos personas en octubre de 2019 en la comuna de Temuco, en el contexto de la crisis social. En esta causa la sede regional de La Araucanía del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) actúa como querellante.

Según los antecedentes recopilados, durante la noche del 22 de octubre de 2019 dos personas fueron detenidas por una patrulla del Ejército desplegada en virtud del estado de excepción. Las dos personas fueron obligadas a ofrecer disculpas a los vecinos mediante gritos. En seguida, recibieron golpes y les amarraron las manos para subirlas a un jeep en el que las llevaron hasta un muro del Cementerio General de Temuco.

Ahí los obligaron a apoyar la frente en la pared con la instrucción de no volver la mirada hacia atrás. Los funcionarios del Ejército se colocaron a sus espaldas y les exigieron disculparse con el país por haber estado manifestándose. Luego los integrantes de la patrulla militar se formaron en posición de fusilamiento e hicieron el movimiento de cargas sus armas, sugiriendo que estaban prontos a disparar. Después, a las dos personas les ordenaron irse, bajo la amenaza de que si se volvían a mirar iban a dispararles.

Una vez desatadas, las personas volvieron a ser agredidas por la patrulla del Ejército. En ningún momento se dio cuenta de este operativo a las autoridades policiales.

El Juzgado de Garantía resolvió aplicar como medidas cautelares en contra de los formalizados el arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse a las víctimas. Además, fijó cuatro meses como plazo de investigación. El INDH reitera la necesidad de esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia como mecanismo efectivo de no repetición.